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El Estado venezolano ha concretado una serie de avances en materia de legislaci\u00f3n sobre conflicto de intereses para dar respuesta a algunas medidas sugeridas por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Interamericana Contra la Corrupci\u00f3n (Mesicic).<\/span><\/p>\n Es por ello que se conform\u00f3 un subcomit\u00e9 de apoyo t\u00e9cnico, coordinado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, para la elaboraci\u00f3n de un proyecto de Ley sobre Conflicto de Intereses en el cual participaron profesionales calificados de los cinco Poderes P\u00fablicos, quienes elaboraron por consenso un documento que fue enviado a la Asamblea Nacional para su discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n, tal y como lo establece la Carta Magna.<\/span><\/p>\n As\u00ed mismo, en el marco de la actualizaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n venezolana y aunado a las labores concernientes al respectivo proyecto de Ley, la CGR tambi\u00e9n incluy\u00f3 preceptos referidos al conflicto de intereses en una propuesta remitida al Parlamento a prop\u00f3sito de la reforma de la Ley Contra la Corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, el nuevo C\u00f3digo de \u00c9tica de las Servidoras y los Servidores P\u00fablicos, aprobado por el Consejo Moral Republicano y publicado en la Gaceta Oficial N\u00b040.314 del 12 de diciembre de 2013, tambi\u00e9n incorpora una serie de dispositivos y procedimientos legales innovadores sobre conflicto de intereses.<\/span><\/p>\n Los antecedentes venezolanos de normas relativas a este tema datan de 1938, cuando fueron incluidos en la ya derogada Ley Org\u00e1nica de la Hacienda P\u00fablica Nacional supuestos gen\u00e9ricos que atentaban contra la \u00e9tica p\u00fablica. La actual Ley Org\u00e1nica del Poder Ciudadano contempla una serie de principios que rigen la \u00e9tica p\u00fablica y la moral administrativa para que la actividad p\u00fablica se desarrolle dando preeminencia a los intereses del Estado.<\/span><\/p>\n En el caso del m\u00e1ximo organismo contralor venezolano, el Estatuto de Personal consagra prohibiciones a sus funcionarios tendentes a prevenir conflicto de intereses, entre las cuales se encuentran celebrar contratos con la Rep\u00fablica y dem\u00e1s personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico; aceptar atenciones, obsequios o gratificaciones que puedan entenderse como dirigidas a influir en el resultado de las gestiones encomendadas; o tener participaci\u00f3n en firmas personales o sociedades que tengan relaciones con la CGR u organismos sujetos a su control.<\/span><\/p>\n Otra referencia venezolana relacionada<\/a> con la prevenci\u00f3n de conflictos de intereses es la Ley del Banco Central de Venezuela, donde se establecen incompatibilidades con el cargo de Presidente del ente emisor y dem\u00e1s miembros del Directorio no s\u00f3lo mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones sino adem\u00e1s durante los dos a\u00f1os posteriores al cese, per\u00edodo en el cual no podr\u00e1n realizar actividades de direcci\u00f3n, asesor\u00eda o representaci\u00f3n legal en entidades de car\u00e1cter privado.<\/span><\/p>\n El conjunto de prohibiciones o restricciones rese\u00f1adas anteriormente se han recogido adem\u00e1s en otros instrumentos legales y sublegales como una serie de normas de conducta orientadas a impedir a las servidoras y servidores p\u00fablicos la obtenci\u00f3n de ventajas especiales, dada la posible influencia que estos pudieran ejercer en tal condici\u00f3n.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Estado venezolano ha concretado una serie de avances en materia de legislaci\u00f3n sobre conflicto de intereses para dar respuesta a algunas medidas sugeridas por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Interamericana Contra la Corrupci\u00f3n (Mesicic). … Sigue leyendo