El Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder Ciudadano, dictó el nuevo Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos, un instrumento que tiene por objeto regular los principios rectores de los deberes y conductas que deben conservar quienes desempeñen funciones en los órganos y entes del poder público nacional, estadal, distrital y municipal, a fin de promover los valores consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y prevenir hechos que atenten, amenacen o lesionen la ética pública y la moral administrativa.
La presidenta del Poder Ciudadano y Contralora General de la República, Adelina González, manifestó tener plena confianza en que la actualización de esta normativa incidirá positivamente en la ciudadanía, por ello hizo un llamado a que se generen espacios de discusión en la administración pública para valorar el alcance de lo que se presenta en este nuevo instrumento, a propósito del reimpulso de la lucha anticorrupción que se ha propuesto desde el Estado venezolano.
El nuevo Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos, contenido en la Resolución N° CMR-016-2013 de fecha 11 de diciembre de 2013 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.314 del 12 de diciembre de 2013, incorpora una serie de dispositivos y procedimientos legales innovadores. Además de deberes y prohibiciones, prevé la consideración de una conducta adecuada para evaluaciones de desempeño y ascensos, la obligación de denunciar conductas impropias ante el Poder Ciudadano o los órganos de control fiscal competentes, y las sanciones morales que pueden ser impuestas a quienes atenten contra los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad y transparencia.
Con este nuevo Código de Ética, las máximas autoridades del Consejo Moral Republicano dan fiel cumplimiento a la misión del Poder Ciudadano de impulsar valores cívicos como garantía de los principios, derechos y deberes constitucionales, y de igual forma a lo contemplado en la Ley Contra la Corrupción, donde se establece que los funcionarios y empleados públicos deben ceñir sus actuaciones a las disposiciones de esta normativa.
