Funcionarios de confianza y de alto nivel deberán declarar su patrimonio en el mes de julio al igual que rectores de las universidades públicas, así lo manifestó Adelina González  Contralora General de la República, en entrevista publicada en el Correo del Orinoco, también  señalo que “la jornada forma parte de una estrategia del Estado venezolano en la lucha contra la corrupción y se impondrán multas si no se cumple con el requisito”. Es importante recordar que entre el 1º y el 31 de julio las máximas autoridades, funcionarias y funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de confianza en los órganos y entes del poder público nacional, estadal y municipal deberán presentar la actualización anual de su declaración jurada de patrimonio en formato electrónico, esta obligación dictada por la Contraloría General de la República está establecida en la Resolución 01-00-000055 de fecha 17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial 40.153.

La contralora general Adelina González explicó  “que la declaración jurada no se trata de un papel más que se exige a los funcionarios, sino que recoge la información de los bienes que posee la persona, así como el patrimonio de su pareja y de sus hijos menores de edad”, destacó que  la metodología de auditoría, permite determinar si la persona mintió al aportar detalles sobre su patrimonio, de registrarse alguna irregularidad, se realizan auditorias patrimoniales completas que se envían al Ministerio Público para que determine si ocurrió enriquecimiento ilícito. Si el funcionario no hace su declaración, se le impondrá una multa entre 50 y 500 unidades tributarias. Adicionalmente, se le suspende el pago de sueldo, hasta que cumpla con el requisito, también puede ser inhabilitado cuando el empleado egresa del cargo y no hace la respectiva declaración. Estas sanciones están contempladas en la Ley contra la Corrupción;  alegó  “Venezuela, a raíz de su Constitución de 1999, fijó un marco jurídico excepcional. El presidente Nicolás Maduro está aplicando los dispositivos que ya el Estado había creado para luchar contra la corrupción. Partió de la Constitución cuando dijo que no prescriben los delitos contra el patrimonio público”.