Este sábado 1° de junio la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la Contraloría General de la República cumplió trece años de servicio ininterrumpido, con el firme compromiso de ser la dependencia del máximo organismo contralor más cercana al pueblo.

En el año 2000, el entonces Contralor General, Clodosbaldo Russián, inauguró esta oficina pionera con la finalidad de crear un espacio para que la ciudadanía contribuyera con el manejo eficaz, eficiente y transparente de los bienes y recursos que conforman el patrimonio del Estado, a través del control de la gestión pública.

De esta forma, Russián impulsó la creación de las OAC en los órganos y entes de la administración pública, lo que posteriormente se estableció como una obligatoriedad en el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción, promulgada en 2003.

Desde ese momento las oficinas de atención al ciudadano se han constituido como un medio que permite la participación directa de la población en el control de la gestión pública, en la prevención e investigación de actos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, en la promoción de la educación como proceso creador de la ciudadanía, además de proporcionar orientación e información oportuna en cuanto a la organización y funcionamiento de las instituciones que representan.

Entre el año 2000 y el 30 de mayo de 2013 se han recibido en la CGR un total de 4.437 denuncias, de las cuales 3.491 han sido asumidas por las distintas direcciones de la institución y 946 han sido remitidas a otros entes y órganos del sector público en atención a sus competencias.

En la actualidad, la Contraloría General de la República promueve la participación ciudadana para cumplir con el objetivo planteado tanto en el Plan Estratégico del organismo contralor como en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

La jefa de la Oficina de Atención al Ciudadano de la CGR, Mayraenith Durán, manifestó que el reto es dar continuidad al fortalecimiento de estas instancias, así como a los espacios de formación dirigidos a las comunidades organizadas con temáticas como: orientaciones para la asignación y control de recursos públicos otorgados a los consejos comunales, registro de las operaciones administrativas, económicas y financieras de estas instancias del Poder Popular, Ley de Contrataciones Públicas, rendición de cuentas, además de lo referido al proceso de control social, la formulación de denuncias y el estudio del impacto ambiental.